Es difícil concebir que la pensión básica solidaria (PBS) de 75 mil pesos, orientada al 60% más pobre de la población, desincentive el ahorro y la informalidad en el mercado laboral. Recibir el salario mínimo y mantener una familia es un desafío a la humanidad. 

Gran parte de este estrato social ya tiene condiciones de sobrevivencia. Más aún, para la tercera edad, el gasto en medicamentos puede superar en términos mensuales esa cifra. También es cierto que el crecimiento debe proveer el financiamiento estable y de largo plazo de la reforma. En ese contexto, las nuevas medidas tomadas por la autoridad para potenciar la competencia y las opciones de inversiones por parte de las AFP van en la dirección correcta.

Es pertinente señalar en el financiamiento de esta reforma, que las pensiones de las Fuerzas Armadas le ocasionan al fisco un alto déficit fiscal (1.700 millones de dólares por año). 

Parte de esos recursos podrían financiar la PBS para estos chilenos con más carencia social. La reforma previsional, gran legado del Gobierno militar, debe aplicarse a todos los chilenos: no hay ciudadanos de diferentes categorías. Sólo así, alcanzando un mínimo razonable de ingresos para nuestros chilenos mayores, aspiraremos a tener un modelo económico de mercado anclado en una verdadera protección social.

Académico del Departamento de Administración de la Usach