En los países industrializados todas las personas mayores de 65 años reciben una pensión en los años de vejez. Se considera que los ciudadanos de esos países —por el solo hecho de serlo— tienen derecho a esa pensión. En América Latina sucede lo mismo en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, aunque los montos de la pensión son menores que en los países arriba mencionados.  Esta pensión la reciben los ciudadanos de la tercera edad, hayan o no aportado a un sistema de pensiones, público o privado. Se considera que todos los ciudadanos y ciudadanas han trabajado durante su vida, aunque muchos no hayan contribuido a un fondo de pensiones. Allí están incluidos los campesinos, las amas de casa y los que están empleados en el sector informal.

Pero eso no sucede en el Perú, donde actualmente, de la Población Económicamente Activa (PEA) de 13’600.000 personas, hay 6’100.00 afiliados a uno de los dos sistemas de pensiones, mientras que 7’500.000 personas no tienen pensión ni cobertura alguna. Pero la cosa es más grave aún, puesto que de los 6’100.000 afiliados solo 3’000.000 están aportando actualmente, lo que equivale al 22% de la PEA. Dice un reciente reportaje de El Comercio (6/3/2011) que actualmente más de 1’500.000 personas mayores de 65 años no reciben pensión. Y la cifra va a subir como la espuma: en el 2025 habrá 2’500.000 personas sin pensión, justo en aquella edad en la cual estas personas ya no pueden trabajar.

Estas cifras nos dicen que el solo crecimiento económico excluye a buena parte de la población. Este hecho grave no es ninguna novedad y hace buen tiempo que se discute en el Perú. Incluso, en el 2004, hubo estudios del Banco Mundial con el MEF acerca de una reforma integral del sistema de pensiones, que considera un sistema de varios pilares, siendo uno de ellos la “pensión no contributiva”, que contemple a los que trabajan toda su vida pero que no aportan por motivos ajenos a su voluntad (1).  Pero estas discusiones no han desembocado en un programa que permita generar un verdadero “shock” de inclusión social. Lo único que tenemos es el Programa Piloto “Gratitud”, dispuesto por el DU-059-2010, que va a destinar S/. 2 millones (leyó usted bien, dos millones de soles) para los mayores de 75 años en Lima Metropolitana, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. El número de beneficiados da pena: son 2,000 ancianos de Lima y 3,000 de las otras 3 regiones.

Oiga, ¿pero no era que 1’500.000 peruanos mayores de 65 años no reciben pensión alguna? Es correcto. Pero esos son los planes de este gobierno, que se jacta de las tasas de crecimiento económico y de los grandes planes de inversión, pero poco —muy poco— hace por el bienestar de sus ciudadanos de la tercera edad, que se merecen una pensión porque son ciudadanos del Perú y porque han trabajado toda su vida.  En esta campaña electoral son pocos los partidos que mencionan este tema, destacando Fuerza Social y Gana Perú de Ollanta Humala. Este último tiene un plan muy detallado que plantea comenzar atendiendo primero a los mayores de 75 años con una pensión no contributiva de S/.250/mes. A partir del tercer año todos los adultos mayores de 65 años accederán a ese derecho. Además, Gana Perú tiene un esquema de financiamiento que permite garantizar el cumplimiento de esta deuda social con los adultos mayores.

Estos son los temas de fondo verdaderamente importantes, pero que no se discuten —a propósito— porque la mayoría de partidos no quiere tocar el modelo económico, aunque nuestros ciudadanos mayores no tengan pensión alguna. Quieren que todo siga igual para que nada cambie. No lo permitamos.