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Un Chile Que Está Envejeciendo
El Mercurio, Enrique Silva Cimma
Chile
Octubre 4, 2004
El adulto mayor (según Naciones Unidas, todas aquellas personas desde 60 años) corresponde hoy al 10% de la población nacional, es decir, un millón 600 mil ciudadanos; los cálculos respectivos auguran que para el 2025 esa población será de tres millones de habitantes.
Chile ha contraído algunos compromisos internacionales para abordar este tema; hace dos años aproximadamente se celebró en España la Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento, organizada por Naciones Unidas, a la que Chile envió una delegación con representantes de diversos estamentos: tuve el honor de presidir dicha comitiva. En esta conferencia, donde se reunieron representantes de más de 180 países, se acordó unánimemente abolir toda clase de discriminaciones relacionadas con el envejecimiento: este compromiso implica una obligación que deberá respetarse cuando se trata de preparar una planificación para abordar el envejecimiento en nuestro país, y que debe regir tanto para la población que envejece como para las entidades públicas y privadas.
Siempre he sostenido que para vivir razonablemente la vida hay que tener presentes el amor y el trabajo. Para el adulto mayor, esos dos factores parecen determinantes. El primero, como principio fundamental para el desarrollo de su vida: todo adulto mayor debe estar amparado por una noción tan amplia del amor que le permita desarrollar los períodos finales de su vida con la convicción de que no "sobra", y que va a ser útil mediante la entrega de la experiencia adquirida con los años. El trabajo hay que entenderlo en el contexto de que hoy el adulto mayor, aunque perciba una jubilación, deberá seguir trabajando de un modo acorde a su edad para poder desarrollar una vida adecuada. Ello requiere la formación de una conciencia colectiva, que implica armonizar el desarrollo de la vida del adulto mayor y la situación de éstos en un mundo donde se les permita entregar la experiencia adquirida.
Finalmente, hay dos aspectos que no pueden dejar de considerarse. El primero de ellos es el compromiso del cómo y dónde vive el adulto mayor. Me atrevo a decir que éste debe hacerlo en su entorno familiar, siempre que sea física y éticamente posible: si ello no fuera así, las casas de reposo surgen como imprescindibles. Lamentablemente, en Chile ellas están circunscritas mayormente a iniciativas privadas, lo que las hace una modalidad de lucro. El Estado carece de medios para supervigilar estas actividades; el Ministerio de Salud dispone de un insignificante número de funcionarios para realizar esta modalidad de control: estamos ante un problema gravísimo.
Las denuncias realizadas por los medios de comunicación respecto de los límites del lucro en este tema son realmente escalofriantes. Si bien el abuso para con los senescentes ocurre probablemente desde hace siglos, no se puede aceptar que este tema sea desconocido e incluso tácitamente aceptado por los miembros de una sociedad que se dice democrática, enarbolando justificaciones absurdas como "es preferible tenerlos en hogares ilegales que dejarlos en la calle", o "es que el sistema no da abasto para tantos ancianos". Los derechos de estos seres, tan humanos como el más joven, no jubilan junto a sus años de servicio en el trabajo; sin embargo, la sociedad toda desecha a este grupo de individuos de la manera más brutal.
Si bien las familias de antaño se refugiaban en los afectos incondicionales de los abuelos, hoy el sistema imperante los golpea duramente, buscando por un lado deshacerse de quienes no se pueden autovaler, y por otro sacar un provecho inmoral y a todas luces reprobable de los ahorros y jubilaciones de los ancianos abandonados.
En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar con agrado que, por iniciativa del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entidad a la cual debe dársele la necesaria preponderancia.
El Estado de Chile tiene el deber de preocuparse por el futuro de los adultos mayores de nuestro país. Este compromiso, que es de todos los chilenos, ha de considerarse en el presupuesto del año 2005, cuyo inicio de tramitación está por producirse en estos días y que debe constituir una obligación insoslayable para el Gobierno -porque suya es la iniciativa- y en segundo lugar para el legislador
todo.
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