Chile

27 de abril, 2006

Desde nuestro Observatorio Social del Envejecimiento y la Vejez, registramos con optimismo la apertura con que el programa de la Presidenta Bachelet se ha propuesto abordar los temas sociales pendientes. Entre éstos quisiéramos colocar en los primeros planos, los problemas que acompañan a los acelerados cambios en la estructura de edades de la población chilena. 

Las cifras que entregan los organismos especializados de las Naciones Unidas son elocuentes. En alrededor de cincuenta años, nuestro perfil demográfico ha cambiado drásticamente, aumentándose la esperanza de vida para todos sus estratos sociales desde los 55 a los 76 años, y se estima que para fines de la primera mitad de este siglo, podrá alcanzar casi 81 años. Entre 1920 y 1940, la población de mayores de 60 años no superaba el 3,5% de la población total; actualmente, llega a más del 10% y se proyecta su duplicación en 25 años más. Estas cifras obedecen a importantes cambios socioculturales aparejados a los avances de las ciencias biomédicas, que se reflejan en la disminución de las tasas de natalidad y el descenso de la mortalidad prevenible. Estos procesos se dan en el mundo entero y son indicativos de la modernización de los países. 

Desafortunadamente, el creciente aumento de la longevidad humana se proyecta también en múltiples efectos no deseados, los que se deben enfrentar globalmente y comprometen esfuerzos de todos. El más conocido consiste en el desequilibrio entre las personas económicamente activas, que disminuyen proporcionalmente, y el incremento de la población adulta potencialmente dependiente (mayores de 60 años), que impacta directamente en los fondos de jubilación y de pensiones. Pero eso no es todo. A pesar del optimismo que desencadenan las imágenes saludables de muchos de nuestros adultos mayores, no existen fórmulas para anular la inexorable tendencia a la fragilización del organismo humano. A medida que las poblaciones envejecen, los requerimientos de nuevas estructuras socio-sanitarias se hacen imprescindibles y sus prestaciones tienden a ser cada vez más complejas. 

Existen otras consecuencias del envejecimiento que originan menos debates públicos, pero no por ello son menos importantes. Por ejemplo, los propios adultos mayores carecen de status sociales reconocidos siendo apartados de la sociedad, lo que favorece sus estados depresivos. Además, sus sistemas familiares deben asumir el cuidado de los ancianos más frágiles sin ningún tipo de apoyo ni capacitación. A ello se une un entorno urbano que dificulta sus desplazamientos y, para rematar, son blancos de la agresividad urbana y de la acción delictiva. 

Es en ese último contexto, donde la extensión de la vida sólo puede ser percibida como una “catástrofe” tanto para los sistemas económicos, de salud y de vivienda, como para las propias familias con adultos mayores. No extraña, entonces, que la vejez y el envejecimiento se comuniquen codificados bajo múltiples formas de exclusión, que van desde una muerte digna, el acceso a la tecnología y hasta el sentido mismo de vivir la vida. Debemos destacar que el tema de los adultos mayores no es asunto privado y no puede tratarse apelando a la “solidaridad natural entre las generaciones”. Se trata de un tema público que exige política pública y una importante claridad por parte de nuestros gobernantes y legisladores. 

Desde la Universidad de Chile y como Observatorio Social del Envejecimiento y la Vejez, nuestro objetivo consiste en reflexionar críticamente y aportar antecedentes a nuestros nuevos gobernantes y legisladores; en suma, entregar información sobre nuestra población de adultos mayores basada en una mirada global que contribuya a tomar buenas decisiones para alcanzar la meta trazada por la Organización de las Naciones Unidas: construir, en este siglo, una sociedad para todas las edades. 

Dr. Marcelo Arnold-Cathalifaud. Director del Observatorio Social del Envejecimiento y Vejez. Universidad de Chile.