Después de casi 5 años de perseverante lucha, se logró la Reglamentación de la Ley 1885/02 de las Personas Adultas Mayores. El decreto reglamentario N° 10068 fue firmado por el Presidente de la República el día 2 de marzo pasado, y el mismo crea la Dirección de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Siendo dicha Dirección la responsable de elaborar políticas de protección integral de los adultos mayores, principalmente de los que padecen condiciones de extremas necesidades.

Esta conquista no es mérito solamente del Consejo de Adultos Mayores de Asunción y de su actual conducción, sino de todos los que a lo largo de los últimos 10 años lucharon incansablemente para lograr la promulgación de la Ley y acompañaron las presiones para que finalmente la Reglamentación salga.

La ley 1885/02 especifica los derechos de las personas adultas mayores, ya formulados en el artículo 57 de la Constitución Nacional, y establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será el ente rector de la misma, encuadrando el rol a cumplir, en beneficio de dicha franja etárea, de los demás Ministerio, gobiernos departamentales y distritales.

La Reglamentación de la Ley, crea la Dirección, determina sus funciones y define la estructura de la misma, incorporando dentro de ella al Comité Consultivo y de Enlace de Adultos Mayores, representativo de las organizaciones civiles de éstos, con carácter no solo consultivo sino que con potestad para participar en la elaboración y discusión de las políticas, planes y programas inherentes a los mismos.

A partir de ahora se inicia una nueva etapa, que incidirá en el futuro de los adultos mayores de Paraguay. Dependerá mucho de las organizaciones de adultos mayores, la sociedad y el gobierno, exterminar la perversa ecuación: "Adulto Mayor = Invisible", que tanto daña nuestro tejido social, liquidando valores, principios y nuestra propia identidad. 
Quien persiste en ignorar a los adultos mayores, ignora su historia, no tiene raíces, su tiempo es efímero, no sabe hacia donde va, no tiene futuro. Mas tarde o mas temprano, todos llegaremos, con la ayuda de Dios, a los 60 años y mas. De todos depende en que condiciones.

ACCIÓN DE LA JUSTICIA ANTE PERSONAS ADULTAS MAYORES ESTAFADAS 

Desde el mes de Octubre del año pasado veníamos denunciando desde nuestro Consejo las supuestas estafas perpetradas, en varios puntos del país (Asunción, Departamentos de Caaguazú, San Pedro, Central y otros) contra personas adultas mayores que, engañadas con la falsa promesa de obtener una pensión, eran convencidas de abonar cuotas de entre Gs. 25.000 y Gs. 200.000, sin recibo mediante, para luego entregarles una credencial de la seudo "Asociación Protectora de las Personas de la Tercera Edad" (APROPETE), con casa matriz en Caaguazú, con la cual cobrarían la inexistente pensión.

Para justificar la falsa pensión, los representantes de APROPETE, mencionaban que cuando saliera la reglamentación de la ley 1885/02 se cobraría la misma, ya que la ley establecía el pago. Argumento incorrecto ya que la Ley lo único que establece son los derechos de los adultos mayores, como vimos mas arriba.

Para que exista una pensión social para las personas mayores de 60 años, debe ser promulgada una ley que la establezca, como ocurre en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y otros, y aún no fue presentado ni siquiera un proyecto de ley. 

Uno de los focos de estafa mas grande estaba en Ypane, inclusive, según denuncias de las personas afectadas llegó a operar entre octubre y noviembre del año pasado dentro de la propia municipalidad.

Desde distintos medio solicitábamos que los damnificados hicieran las denuncias en las comisarías o fiscalías correspondientes para que actuara la justicia. Por fin el 2 de marzo pasado, en la ciudad de Carapeguá se radicó una denuncia, intervino el fiscal Abogado Darío Villalba y pudo detener a los responsables visibles de Ypané. Esperamos que la labor del fiscal continúe con eficiencia para que sean juzgados todos los culpables.

Este hecho delictivo pone de manifiesto, por un lado la impunidad con que operan estos grupos, y por otro, la gran necesidad que existe en la mayoría de los adultos mayores. Debemos recordar que de los aproximadamente 500.000 que existen en todo el país, solo 110.000 tienen ingresos, los 390.000 restantes padecen, en su mayoría, condiciones de pobreza y extrema pobreza.

Por eso es que nuestro Consejo impulsa la promulgación de una ley que otorgue a los adultos mayores una pensión social, principalmente a los mas necesitados.. 


Dr. Eulogio Molinas                                   Ing. Jorge Quintás
Secretario Adjunto                                    Secretario General


Asunción, 16 de Marzo de 2007

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