29 de marzo de 2007
Más de una vez, desde estas columnas, hemos reclamado que se investiguen los muchas veces confusos episodios relacionados con la salud de la población, que tan frecuentemente se exponen a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Por eso, es de destacar que, el lunes último, la presidenta del PAMI, Graciela Ocaña, haya informado sobre la separación de sus cargos de dos médicos pertenecientes a ese organismo por realizar pruebas en sus pacientes para comprobar los efectos de una droga en fase experimental, elaborada por un laboratorio norteamericano; por este ensayo, los profesionales habrían cobrado alrededor de 40.000 dólares.
El despido se hizo efectivo en diciembre último, pero el hecho había ocurrido entre 2004 y 2005, cuando los profesionales utilizaron la droga en pacientes de la tercera edad del Policlínico Marcelo Freyre PAMI II de Rosario, Santa Fe, donde ambos se desempeñaban. Ante la denuncia del PAMI, ya se abrió una causa penal en los tribunales federales de Rosario. La droga utilizada era un antibiótico llamado tigeciclina. La justicia federal rosarina investiga también si esta práctica había contado con la aprobación de los pacientes -en estos casos el consentimiento debe ser expresado por escrito- o no.
La investigación iniciada por las autoridades del PAMI permitió constatar que existía una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) -el único organismo que puede conceder, y que luego supervisa, ese tipo de permisos- para probar la tigeciclina en establecimientos hospitalarios de la Capital y de Santa Fe, ninguno de los cuales estaba ligado al PAMI. Estas autorizaciones, que no son extensivas a otra entidad en ningún caso, permiten que sólo puedan hacerse estudios clínicos sobre humanos con medicamentos que estén en fase avanzada de investigación (Fase III). La Anmat, por su parte, habría reconocido haber autorizado "un estudio Fase III, destinado a evaluar la eficacia de la tigeciclina" en el tratamiento de pacientes con neumonía intrahospitalaria en el policlínico Marcelino Freyre, porque el Comité de Etica e Investigación del hospital había dado su consentimiento. Sin embargo, la licenciada Ocaña declaró que no le constaba la existencia de esa autorización y que, de haberla, sería nula porque su otorgamiento no es de la competencia y autoridad del comité.
Además, también según Ocaña, hay documentos que demuestran concretamente que el laboratorio en cuestión había abonado a uno de los médicos más de 40.000 dólares para que se hicieran las pruebas no autorizadas en por lo menos nueve pacientes del policlínico rosarino, y para las cuales se habría utilizado toda la infraestructura hospitalaria, además de confeccionarse historias clínicas paralelas.
Independientemente de las conclusiones a las que arribe el tribunal federal ante estas gravísimas denuncias, lo cierto es que este caso trae al primer plano un tema para nada nuevo: que no hay en el país una ley que regule las investigaciones clínicas, un vacío que para muchos especialistas es muy riesgoso. Por supuesto, como tantas veces suele ocurrir en la Argentina, existen proyectos de ley al respecto, pero no se ha avanzado en ellos en el Congreso. De legislarse como corresponde, no sólo se evitarán casos como el aquí comentado -es muy probable que se estén haciendo muchos estudios de investigación clínica sin autorización ni conocimiento de las respectivas instituciones-, sino que se lograría que la salud de la población reciba la real importancia que se merece y el consecuente control del Estado, una de sus funciones indelegables ante la
sociedad.
