¿Que se hace con el dinero de los jubilados? 

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26 de octubre de 2009

Argentina

Cuando se cumple el primer aniversario de la estatización de las AFJP, el balance no es muy positivo. Los fondos jubilatorios fueron usados para financiar multinacionales, subvencionar al Estado y a amigos del poder. ¿Qué beneficios obtuvo la tercera edad? Por ahora, ninguno 

La idea era buena, pero sólo se quedó en eso, una idea. Hace ya un año, cuando se propuso que el dinero de los jubilados dejara de ser manejado por las multinacionales y los bancos, para pasar al fisco, muchos prefirieron que el dinero quede en manos del Estado.

Se pensaba en planes de desarrollo social, en educación o en salud, como el destino fijado para ese caudal de dinero que quedaba en las arcas públicas. Pero a un año de la reforma previsional nada de eso pasó.

El destino

A partir de la eliminación de las AFJP, los activos traspasados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) han sido utilizados para financiar los denominados paquetes anticrisis. El primer paquete anticrisis destinó 13.200 millones de pesos en créditos para la industria automotriz, la compra de electrodomésticos, financiación de exportaciones industriales y de capital de trabajo para pymes y ciertas líneas de producción de las denominadas economías regionales. Fueron todos fuegos de artificio, anuncios vacíos de campaña, dado que ninguno de esos planes funcionó.

También se financiaron obras públicas, principalmente energéticas, y se efectuó el salvataje a la papelera del grupo Massuh, que tiempo más tarde fue intervenida por el gobierno. El juez Luis Arias dispuso su clausura por contaminar el medio ambiente.

Además se realizaron préstamos por 250 millones de pesos a General Motors, Mercedes Benz y Peugeot Citroen, todas empresas multinacionales que arrastran una crisis de los países centrales, en la que Argentina poco y nada tiene que ver.

Es decir que se financió el consumo de los sectores que no se encuentran entre los menos postergados y, lo que es peor, no se hizo nada para quienes aportaron esa enorme cantidad de fondos. Muy por el contrario, se invirtió en la actividad empresarial de amigos del poder, y en planes de obra pública que sólo beneficiaron a un puñado de firmas.

“La realidad demuestra que el Gobierno nacional pagó deuda y solventó el gasto público con los recursos previsionales transferidos a partir de la reforma sancionada por la ley 26.425. Prueba de ello es que al 12 de agosto de 2009 -última fecha disponible de información oficial- el 60,02% de los activos de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (que ascendió a $120.116.349.229) están destinados a operaciones de crédito público de la Nación: compra de títulos públicos, compra de préstamos garantizados al Gobierno nacional y letras del Tesoro”, aseguró la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, integrante de la comisión bicameral de Control de los fondos previsionales.

En este sentido, es evidente, pero no por ello correcto, que el Gobierno nacional se financió con los recursos de la Anses. “Existe una deuda social e histórica con los jubilados y pensionados, que no pueden esperar 5 años para ser resarcidos a través de un juicio o suplicando aquello que les corresponde por ser un derecho humano y fundamental garantizado por nuestra Constitución: tener un haber de retiro digno”, aseguró Reyes.

Pero no sólo es inaceptable que el Poder Ejecutivo financie el gasto con los recursos previsionales, sino que es ilegal que lo haya hecho causándole un perjuicio económico al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “El 19 de junio último la Anses compró el título Bonar 2014 a $ 102,11, muy por encima de los $ 65,25 a los que cotizó ese instrumento financiero en el mercado de valores en la misma fecha. En efecto, mediante el método de suscripción directa la Anses compró caro a la Tesorería General de la Nación un título público nacional que cotizaba sensiblemente más barato en el mercado. El perjuicio económico para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue de $ 475,16 millones”, explicó Reyes a Hoy.

La norma

La ley que eliminó las AFJP y que dispuso su absorción por el régimen de reparto (ley 26.425) con el objetivo de garantizar el financiamiento del sistema previsional establece que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se invertirán de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social; aunque muchas de las operaciones previsionales no hayan sido invertidas bajo este criterio. Ya se sabe bien: hecha la ley, hecha la trampa.

No debe recaer sobre la Anses la búsqueda de la solvencia fiscal perdida. Muy por el contrario, se debe garantizar un ingreso universal a todos los adultos mayores, financiado por el Tesoro nacional, y sumado a ello un beneficio proporcional en base al aporte personal que haya efectuado cada trabajador al régimen de reparto. “Claramente el régimen debe ser estatal, pero no del gobierno de turno”, aseguró Reyes.

“No podemos seguir condenando a la pobreza al 80% de jubilados y pensionados, que suman 5 millones de beneficiarios y que hoy en día cobran $ 827,23 de haber mensual”, expresó la legisladora; y agregó: “A un año de la reforma, se puede afirmar que la sanción de la ley 26.425 no fue una transformación real del sistema, sino una respuesta a la necesidad de un gobierno de financiarse”.

Por su parte, una asesora cercana a la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez, aseguró en diálogo con este medio: “Pedimos información, porque queríamos saber a dónde fue a parar el dinero de los jubilados, pero no nos contestaron. Entonces presentamos un amparo, y la jueza falló a favor nuestro, y ahí tuvieron que responder. Pero la respuesta fue incompleta, parcial, fragmentada y seguimos sin saber qué cosas se están cubriendo con la plata de los jubilados”.

Lo que se pudo haber hecho

Aunque desde la gestión oficial se trate de demostrar lo contrario, es evidente que las operaciones que se anunciaron con bombos y platillos, como de bien público, en base a los fondos previsionales, no se concretaron. Ese caudal de dinero que quedó en manos del fisco, debió ser destinado a la recomposición de los haberes jubilatorios y al mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados. También, con esa enorme masa de dinero se podrían haber financiado créditos personales a los adultos mayores, para quienes en la actualidad es muy difícil acceder, debido a las elevadas tasas que les cobran las entidades financieras.

Pero algo se hizo. Claro que esta vez los beneficiados fueron adultos mayores con un buen pasar económico, y quienes gozan de buena salud. Porque no cualquiera, por más que lo desee, puede volar.

Una de las propuestas kirchneristas, para el sector de la “tercera edad”, consistió en préstamos a jubilados para que puedan viajar en avión por Aerolíneas Argentina. Una prueba más de la incoherencia que gobierna la inversión de los fondos previsionales, algo que no estaba previsto en la Reforma, implementada hace ya un año.

“Yo creo que la desaparición de las AFJP ha sido uno de las reformas estructurales más importantes, pero no tuvo correlato con la reincorporación salarial de los jubilados. No se distribuyó lo que entró”, aseguró Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad.

“El mínimo extendido para el 80% de los jubilados es de $ 820, y lo peor es que ahora hay dinero para dar aumentos. En diciembre entraron 100 mil millones de pesos al Estado, que antes iban a las AFJP. Eso permite un Fondo de Garantía para invertir, pero queda un remanente de 50 mil millones que se podría utilizar para elevar las mínimas y llevarlas al básico que cobra cualquier trabajador, porque hoy un jubilado con $ 800 no puede vivir”, aseguró en diálogo con Hoy Semino.

Por otra parte, el defensor de la tercera edad hizo referencia a la “litigiosidad” desatada a partir de la reforma previsional. “Se superaron los récords de juicios iniciados. Actualmente hay 60 mil demandas, 40 mil poderes firmados, y vamos a rondar los 100 mil expedientes firmados. Para darse una idea, en 2008 se iniciaron entre 10 mil y 15 mil expedientes. Esto se debe a un colapso del sistema, los mismos jueces lo han reconocido”.

En otro sentido, Semino resaltó que es muy lenta la liquidación de sentencias, hay una mala liquidación de haberes iniciales y muchas veces no les pagan lo que les tienen que pagar, es por ello que se inician los procesos judiciales.

Un poco de historia

Quien hoy ocupa la titularidad del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, ideó, detrás de bambalinas y con el visto bueno del ex presidente Néstor Kirchner, el proyecto que le permitiría echar mano a los fondos previsionales y, sobre todo, al flujo de aportes mensuales que recibían las AFJP.

Desde su sillón de la Anses Boudou tomó la iniciativa, dejando mal parado al entonces jefe de Gabinete, su mentor, el hoy intendente de Tigre, Sergio Massa.

El Gobierno venía del duro revés que le significó la derrota legislativa por la resolución 125 (mayores retenciones a la soja), que desató el conflicto con el campo en marzo de 2008.

La crisis mundial ya impactaba en la economía local, y esto, unido a desaciertos oficiales, daba lugar a gestar una recesión doméstica. Los problemas fiscales se agudizaban al no poder contar con más recursos del campo. La eliminación de la jubilación privada, tras una efímera experiencia de 15 años, permitiría al Gobierno cubrir ese bache fiscal y hacerse de un importante stock de activos financieros valuados en ese entonces en casi $ 100 mil millones, algo así como us$ 30 mil millones (el Banco Central tenía aproximadamente reservas por us$ 45 mil millones).

Sin mayores esfuerzos fiscales, Kirchner se haría de más de $ 1.000 millones mensuales por los aportes jubilatorios de los más de 9 millones de afiliados a las AFJP. ¿Beneficios para los jubilados?, Por ahora ninguno.

Poca oposición

Pocas voces se alzaron en contra de la iniciativa oficial. Cierto es que las AFJP nunca lograron, ni se empeñaron en hacerlo, conseguir la legitimación de la sociedad. Por ello, prácticamente le oposición propuso algunos ajustes al proyecto oficial, pero siempre dentro del espíritu de eliminar las AFJP. Ni desde la entidad que agrupaba a las principales AFJP se vio una sólida postura. Lo único que les preocupaba a los ejecutivos de la jubilación privada era alejar los fantasmas de millones de querellas.

Además, la cara visible de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, mostró un escaso convencimiento y pareció aún vestir su traje de funcionario del Palacio de Hacienda (subsecretario de Finanzas) en cada defensa pública del sistema.

Hoy los recursos de las AFJP están en manos de la Anses, que administra un fondo llamado de Garantía de Sustentabilidad de más de $ 115.000 millones. Los últimos datos oficiales daban cuenta de que la Anses había otorgado financiamiento al Tesoro por más de $ 5.000 millones. El Gobierno recuperó así una caja superavitaria y, por ende, una importante fuente de financiamiento, sin tener la necesidad de mendigar ante los bancos la colocación de deuda pública. Pero a cambio se compró una sideral deuda no registrada que será el pago de las futuras jubilaciones de los ex afiliados.

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