La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha agitado a su manera el debate electoral con un planteamiento de ahorro para el futuro que obligaría a pagar los medicamentos que prescribe el sistema público de salud en función de la renta del paciente. En una entrevista en la cadena Cope, ha sostenido que hay personas mayores de 65 años con recursos suficientes para pagarse los medicamentos que puedan necesitar, mientras que otras jóvenes pueden no contar con ingresos suficientes.

"Hay que reducir el déficit, y eso es básico, nos lo están diciendo en todas partes", ha afirmado. "La gratuidad de los medicamentos no puede ser en función de la edad, sino en función de la renta, y como eso muchísimas cosas, y estoy convencida de que eso hay que hacerlo, y rápidamente", ha añadido. En palabras de Aguirre, "la fiesta se ha acabado" y hay que eliminar las "obligaciones de pago" del Estado, empezando por las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y la patronal.

Las palabras de Aguirre, sin embargo, se quedan en eso, en palabras, a juzgar por la respuesta de la Consejería de Sanidad a una pregunta sobre la viabilidad de la propuesta: "No es algo que vayamos a hacer. Solo ha sido un comentario de la presidenta, dicho entre muchas otras cosas de las que ha hablado en la entrevista", ha asegurado a EL PAÍS un portavoz oficial.

UPyD lleva en su programa electoral una propuesta muy similar a la que ha lanzado Aguirre: "Revisión de la aportación de los pensionistas en la prestación farmacéutica, igualándola con la de los trabajadores en activo, excluyendo aquellos con ingresos más bajos, y con un coste muy reducido para determinadas patologías crónicas."

La patronal de las farmacéuticas, Farmaindustria, también ha defendido en alguna ocasión que la distinción entre ciudadanos activos y pasivos a la hora de pagar los medicamentos es ineficaz y que deberían costearlos o no en función de la renta. Actualmente, cuando se compran medicamentos en farmacia con receta el ciudadano paga el 40% de su precio; el resto lo financia el sistema nacional de sanidad. Los pensionistas no pagan nada.

Aguirre ya demostró estar preocupada por el coste que tienen los medicamentos para las arcas regionales cuando, en julio pasado, alabó el conocido como cataloguiño, el catálogo gallego del medicamento que el Ministerio de Sanidad había recurrido. Se trata de un listado propio de fármacos financiados por el Servicio Gallego de Salud que consiste en que, cuando hay más de un fármaco con idéntico principio activo pero distinto precio, el sistema sanitario paga el más barato. Aguirre aseguró que estaba estudiando su implantación en Madrid. Nunca retomó la cuestión. Desde este mes los médicos están obligados en toda España a recetar por principio activo o por la marca más barata de un determinado principio, según un decreto ley del Gobierno.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública ha rechazado en un comunicado la medida defendida por Aguirre porque "penaliza a las personas con menos recursos y más necesidades de salud y precisa unos gastos de gestión muy probablemente superiores a sus potenciales ingresos". La Federación asegura que "poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de ocho millones de pensionistas y tendría por lo tanto unos costes elevados que hay que considerar". Además, recuerda que "el Gobierno de la comunidad de Madrid carece de competencias sobre el establecimiento de copagos, también sobre las recetas de la seguridad social".

Sindicatos sin legitimidad

En relación con el conflicto abierto en la Educación, Aguirre ha asegurado este miércoles que los "sindicalistas" que se están movilizando en los últimos meses contra los recortes en Educación y convocando las huelgas en los Institutos de Secundaria y las manifestaciones en la calle "no son representativos" del profesorado. "Quienes están movilizados y convocando esta huelga y haciendo todo tipo de sentadas, dormidas en los colegios, etc., son sindicalistas, muchos de ellos liberados", ha dicho. Mañana la Comunidad de Madrid afronta su octava jornada de huelga en los centros educativos, a la que esta vez se suman las universidades, que comenzarán esta noche con encierros en las facultades. En la última, cayó el seguimiento.

En este sentido, ha insistido en que "no son representativos del profesorado", que, por otra parte, "en su inmensa mayoría comprenden que en un país y en un momento en el que hay cinco millones de parados, ellos que tienen el empleo fijo de por vida no pueden montar una huelga y privar a los niños del derecho a la Educación".

Aguirre ha recordado que ya es noviembre, y que, por ejemplo, en Bachillerato, los alumnos tendrán que "competir" en Selectividad para estudiar la carrera que quieren, por lo que "no puede ser" que sigan estas huelgas, que, por otro lado, los ciudadanos no "comprenden" porque entienden que el "esfuerzo" de dar 20 horas en lugar de 18 sin tocar su salario y jornada laboral, no justifica estos paros.

"No son representativos pero tienen mucha mano ante los medios de comunicación", ha apostillado la presidenta madrileña, de nuevo, para explicar que una vez "salió en la portada de todos los medios" un tema relacionado con las movilizaciones "porque había doce (movilizados) en la puerta de Génova".

Preguntada por qué desde el PSOE la ponen como ejemplo para hablar de recortes en Educación, Aguirre se ha limitado a decir que "mienten" porque la Comunidad "no solamente no ha recortado sino que está gastando en la pública mucho más de lo que gastaba anteriormente" porque es la única región que ha puesto en marcha el programa de bilingüismo, "donde se enseña en inglés todo salvo las matemáticas y la lengua y literatura españolas".