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El Fallo de las Pensiones
El Colombiano
Octubre 11, 2004
El enfermo sin remedio que parece ser el sistema pensional, ha recibido un nuevo golpe con el fallo de la Corte Constitucional que tumbó las modificaciones al régimen de transición aprobadas con la Ley 860 de 2003, lo que podría costar cerca de $40 billones a la Nación, equivalentes a 17 puntos del PIB. Otro hueco en las maltrechas finanzas del Estado que no puede achacársele al Tribunal encargado de velar por la primacía de la Carta Política.
Un error de trámite en el Congreso produjo la caída de la norma que anticipaba el aumento de la edad de jubilación. Y aunque ya se anuncia un nuevo proyecto de emergencia, sobre lo que queda suficiente ilustración es la inexistencia de una política coherente en materia pensional.
En lo que va corrido del presente gobierno se han tramitado dos reformas al sistema. En capilla está una tercera, que incluiría un impuesto a las pensiones altas y un nuevo aumento en la edad. En su momento fue presentada como una prioridad para el país, pero se prefirió aplazarla para privilegiar la reelección. Y si se decide revivir los cambios al régimen de transición en una iniciativa independiente, sumarían cuatro las propuestas llevadas al Congreso en poco más de dos años. Difícil encontrar un mejor ejemplo de la 'inestabilidad jurídica' a la que le temen tanto los inversionistas y que en más de una oportunidad le ha sido enrostrada a la Corte Constitucional.
Lo cierto es que la amenaza de la bomba pensional es insoslayable. Enfrentarla de la mejor manera es una obligación para la Nación entera. Eso lo están entendiendo los colombianos, porque saben la gravedad de una crisis que podría colapsar las finanzas del Estado. El problema es que no tienen claro cuál es el norte que se le debe dar a la solución, y temen que las medidas propuestas se conviertan en otro factor de inequidad. Por eso, el Gobierno debe marcar la pauta, diciéndole realmente al país cuáles son los alcances de la crisis pensional y no utilizando su fantasma como excusa para crear nuevas cargas impositivas. Más aún, es su obligación presentar una propuesta definitiva, en la que la receta del ajuste no asfixie el derecho de los colombianos a tener una pensión digna. Y, sobre todo, que no responda simplemente a las afugias fiscales del momento, como parecen ser los proyectos que se han visto hasta ahora.
A la Corte se le critica por no interpretar el momento de las finanzas de la Nación y por no respetar la decisión del Congreso. Los dos son argumentos dignos de discusión. Lo que no pueden hacer los parlamentarios y funcionarios es cuestionar a la corporación por cumplir con su papel de establecer vicios de trámite que ellos, precisamente, en atención a la importancia del tema que se estaba manejando, han debido ser los primeros en evitar.
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