Los actuales sistemas de pensiones excluyen a vastos sectores de la población, por lo que se requiere orientar los esfuerzos a ampliar la cobertura y mejorar la solidaridad. A pesar de los múltiples esfuerzos y reformas realizados a los sistemas de pensiones de los países de la región, sólo cuatro de cada diez personas mayores de 70 años recibe algún tipo de ingreso por jubilación o pensión en América Latina y el Caribe, según el documento La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad, presentado en el Trigésimo primer período de sesiones de la CEPAL, que se desarrolla desde el 20 al 24 de marzo en Montevideo, Uruguay.

Una de las principales lecciones de las últimas décadas es que la realidad de los países de América Latina no permite fundar los procesos de reforma de los sistemas de pensiones exclusivamente en los modelos tradicionales de seguridad social, basados en la protección del trabajador formal a través de cotizaciones. Las pensiones otorgadas por estos sistemas dependen de la capacidad de realizar aportes en forma constante a lo largo de la vida activa. Esto ha excluido a amplios sectores, en especial a quienes se ocupan en actividades estacionales, informales o de baja productividad, constata la CEPAL.

Asimismo, la incorporación de componentes de capitalización en los sistemas previsionales de algunos países no se tradujo en un aumento de la participación contributiva. Más aún, la incorporación de cuentas individuales eliminó parte importante de la solidaridad inherente a los sistemas de reparto.

Otro factor que tensiona aún más los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe es el proceso de envejecimiento de su población, que se proyecta como uno de los más acelerados del mundo. Los cambios demográficos que se avecinan ejercerán crecientes presiones financieras sobre todos los sistemas previsionales y los países que utilizan esquemas de reparto se verán forzados a introducir importantes cambios a los parámetros de sus sistemas.

Las reformas de los sistemas deben tender a ampliar la cobertura de los programas no contributivos de pensiones (cuya recepción no depende de los aportes realizados) y a mejorar la solidaridad de los programas contributivos (basados en aportes), mediante un modelo que integre ambos esquemas, mantenga incentivos a la contribución y garantice la viabilidad financiera a corto y largo plazo. El documento propone a los países trabajar en la búsqueda de una adecuada combinación entre un componente de reparto, un esquema de capitalización, un programa de pensiones no contributivas garantizadas para los adultos mayores en situación de pobreza, y reglas solidarias para los aportantes con pensiones inadecuadas. También se requiere avanzar hacia la unificación de los sistemas de pensiones ya que la coexistencia de regímenes especiales suele transformarse en una importante fuente de inequidad, así como en una presión financiera adicional, ya que estos absorben importantes recursos y benefician a fracciones relativamente pequeñas de la población.

La CEPAL estima que entregar pensiones no contributivas equivalentes a la línea de pobreza de cada país a todas las personas mayores de 65 años que se encuentren por debajo de ese nivel permitiría, en promedio, reducir significativamente la incidencia de pobreza en la vejez, a un costo cercano al 1% del producto.