El antiguo sistema de pensiones derivó en corrupción.

El anuncio de algunos diputados del MAS de cambiar el actual sistema de pensiones puede generar incertidumbre en los futuros jubilados y un enorme costo económico para el país, por lo que es necesario realizar un análisis eminentemente técnico, financiero y actuarial antes de adoptar una decisión al respecto, opinó el director del Sistema Nacional de Reparto (Senasir), Wálter Castillo.

El nuevo sistema de capitalización individual manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) y que sustituyó al de reparto, se inició en 1997 y apenas tiene 9 años de vida, pero ya existen sectores como el de los jubilados que piden su final.

Las comisiones de transición que trabajaron en el tema hablan inicialmente de la fusión en una sola entidad (Instituto Nacional de Pensiones) de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, el Senasir y el Viceministerio de Pensiones.

Según Castillo, todo es posible, pero nada sencillo, debido a que existe una normativa amplia que regula la seguridad social de largo plazo y que fija las funciones y obligaciones de cada entidad.

Uno de los primeros problemas que se pueden presentar es la incertidumbre en los actuales trabajadores que aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), en quienes surgirá la interrogante de si el nuevo sistema a crearse les dará la garantía de gozar de una renta de vejez hasta su muerte y para sus derechohabientes.

Además, si la idea de los cambios que se buscan introducir pasan por retornar al viejo sistema de reparto y eliminar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), el Estado tendría que devolver a las entidades los 800 millones de dólares que dejaron en garantía para operar y manejar el Seguro Social de Largo Plazo que hoy tiene aportes que llegan a los 2.200 millones de dólares.

“Cualquier giro que se le quiera dar al nuevo sistema de pensiones no es fácil, debe haber un Norte claro que es el de velar, cuidar y preservar ante todo los derechos de los aportantes, rentistas y velar por las arcas del Tesoro General de la Nación”, dijo Castillo.

La autoridad recordó que la tendencia en América Latina es la de abandonar los sistemas de reparto y adoptar el de capitalización individual, porque en el pasado hubo un mal manejo administrativo, corrupción, negligencia. Además para que el viejo sistema funcione bien, se necesitaba a 10 trabajadores activos aportando para la jubilación de uno, pero por los problemas mencionados la relación bajó de 3 a 1.

No así en Europa que en principio abandonaron el sistema de reparto para encaminarse en el de AFP’s, pero ahora nuevamente están volviendo a la antigua administración. 

Actualmente, el nuevo sistema de pensiones en el país apenas tiene 2.600 jubilados y recién se está comenzado a observar sus resultados, en cambio en el de reparto existe 134.000 jubilados, y la perspectiva debería cerrarlo de una vez. 

Para honrar las rentas del antiguo sistema de reparto, el TGN debe erogar cada año 3.300 millones de bolivianos (450 millones de dólares) que son los que explican el elevado déficit fiscal del país, porque de no haber este gasto habría superávit fiscal.