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Viable, dar pensión a los adultos mayores
Esta alternativa sería fiscalmente manejable y reduciría la pobreza

Por José Manuel Arteaga, El Universal

México

1 de marzo de 2006

Ante el fracaso de los sistemas vigentes de seguridad social en México, establecer una pensión básica universal ayudaría a eliminar la pobreza en las personas de la tercera edad, y sería fiscalmente sostenible en el próximo medio siglo bajo una trayectoria razonable de crecimiento económico, establece el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

En el estudio ¿Sería factible eliminar la pobreza en la tercera edad en el ámbito nacional por medio de una pensión básica universal?, se expone que con una proyección del Consejo Nacional de la Población (Conapo) de 3.6 millones de personas mayores a 70 años, el costo anual de la pensión en el ámbito nacional sería de 28 mil 741 millones de pesos, equivalentes a 0.35% del PIB. 

El estudio detalla que anualmente el gobierno entrega un subsidio de 41 mil 600 millones de pesos en "beneficio de 650 mil pensionados del sector público, concentrados en los deciles de mayores ingresos, pero se aporta menos de 600 millones a un programa federal marginal de apoyo a adultos mayores no asegurados". 

Además de que mensualmente se entrega un subsidio de 17 mil 500 pesos en promedio por cada pensionado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pero 175 pesos al mes a un anciano rural no asegurado en condiciones de pobreza extrema, si tuvo la fortuna de ser seleccionado por el programa Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales. 

Propuesta electoral 

El 19 de enero, el candidato de la coalición PRD-PT Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el programa para destinar una pensión mensual a los adultos mayores que instrumentó en el Distrito Federal, lo llevaría a todo el país de llegar a la Presidencia, otorgándoles 750 pesos al mes. 
Por su parte, el presidente Vicente Fox anunció la creación del Instituto de Protección Social; en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se asignaron 2 mil 200 millones de pesos para el nuevo componente de Oportunidades para adultos mayores que ofrecerá apoyos por 250 pesos mensuales. 

"Para extender la protección social a la población en condiciones de pobreza extrema y eliminar la indigencia en la tercera edad, es necesario implementar una pensión no contributiva, por un monto cercano a la línea de pobreza alimentaria", señala la investigación del CIDE. 

Registran mayor nivel de pobreza 

El trabajo elaborado por el investigador del CIDE, John Scott, menciona que la pobreza en las personas de la tercera edad rebasa por mucho la de la población en su conjunto. 
"Y los ingresos por pensiones contribuyen a aumentar, no a reducir la desigualdad en México", agrega. De acuerdo con el Banco Mundial, en México la tasa de pobreza en la población mayor de 65 años es 70% superior a la de toda la población y en donde nuestro país tiene la diferencia más amplia entre ocho países de la región: Bolivia, Guatemala, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil. 

De acuerdo con cálculos de analistas, los ancianos en México representan 3.5% del total de la población en el país, pero aumentarán a un ritmo de 3.9% en 2010 y de 5.3% en 2020, según datos del Consejo Nacional de Población. El texto del Centro de Investigación y Docencia Económicas indica que el ahorro forzoso o voluntario en los sistemas de pensiones no puede ser el instrumento único para eliminar la indigencia en la tercera edad. 

Concluye que la pensión universal garantiza una cobertura completa de la población pobre, en contraste con los errores de exclusión de mecanismos de focalización, incluido Oportunidades; asimismo, es la única estrategia que maximiza el impacto sobre la pobreza extrema; garantizaría su eliminación si se cuenta con un presupuesto suficiente; no afectaría los incentivos laborales de ahorro privado o incorporación a los sistemas públicos contributivos de seguridad social, y eliminaría costos administrativos al no suponer costosos procesos de identificación y seguimiento del patrón de beneficiarios. 


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