Pensando en aligerar de cargas financieras al Estado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron a Nicaragua la obligación de adoptar un nuevo esquema de seguridad social que pasaba por privatizar una parte del sistema.

La condicionalidad de los organismos financieros internacionales se vio cumplida con la aprobación de la Ley 340, que a decir del experto Manuel Ruiz, “es una copia de leyes similares de Chile y El Salvador”, cuyo cumplimiento tal como estaba decretado, hubiera llevado a Nicaragua a repetir las experiencias negativas de esos dos países.

“El Salvador tiene que destinar quinientos millones de dólares al año para mantener el sistema en pie, mientras que Chile debe 50,000 millones de dólares a la seguridad social, lo que ha generado debates en esas dos naciones para buscar cómo solucionar esos problemas”, detalló.

Por fortuna, los que exigieron la creación de la privatización de la seguridad social, se dieron cuenta a tiempo que el sistema iría irremediablemente hacia la debacle, por lo que se dio luz verde para derogar la 340, ley que a Manuel Ruiz le causaba mucho escozor.

“Estaba previsto que las AFP cobrarían una comisión del 28 por ciento por manejar los ahorros de los asegurados, con la cláusula de que si tu inversión genera ganancias, eso es muy bueno, pero si había pérdidas, el que pierde sos vos”, enfatizó.