La Tercera

Chile

29 de Agosto del 2007

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley de Reforma Previsional, iniciativa estrella de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, con el que se busca mejorar el sistema de pensiones y las condiciones de jubilación de los trabajadores. Pese a ello, no se incorporaron las peticiones de la CUT, que esperaba que los beneficios comenzaran a partir del próximo año, aunque si se permite el ingreso de los banco a la administración de los fondos de pensiones.

Luego de un exhaustivo debate que se inició ayer martes en la tarde, los diputados aprobaron el proyecto, que entre otros puntos, establece una Pensión Básica Solidaria de 75 mil pesos.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, destacó que con este paso se avanza en una de las reformas sociales más importantes de las últimas décadas, asegurando que "es un gran día para esas personas que después de muchos años de trabajar quieren jubilarse con tranquilidad".

El jefe del equipo económico del Gobierno argumentó que una vez que la reforma sea promulgada, tras su tramitación en el Senado, "un millón y medio de chilenos tendrán derecho a beneficios nuevos, a una pensión mínima, a seguridad y a dignidad. Además, introduciremos más competencia, más rigor en el sistema de AFP de modo que las personas que están en ese sistema tengan mejores jubilaciones y mejores servicios".

Por su parte, el titular del Trabajo, Osvaldo Andrade, destacó la buena disposición del parlamento al discutir, revisar y perfeccionar este proyecto, al tiempo que agradeció a la Concertación por aprobar el texto en su integridad, particularmente por el rechazo que habían manifestado algunos parlamentarios a la idea de permitir el ingreso de la banca al negocio de la Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP's).

EL PROYECTO

El texto, que en el Senado cumplirá su segundo trámite constitucional, fue aprobado, en general, por 107 votos.

La iniciativa crea un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), o Sistema Solidario, que será financiado con recursos del Estado, mediante el cual se otorgarán beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios en el mismo ámbito.

Para acceder a este beneficio, la iniciativa establece que ésta se entregará a las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que hayan cumplido 65 años de edad; que integren un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población y, que acrediten residencia en Chile por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido 20 años de edad.

El valor de la pensión máxima con aporte solidario será de 200 mil pesos a contar del 1 de julio de 2012.

Sin embargo, los parlamentarios rechazaron, por 58 votos a favor, 48 en contra y una abstención, que la administración del Sistema Solidario sea administrado por el Instituto de Previsión Social, uno de los nuevos organismos que crea este proyecto dentro de la institucionalidad previsional.

Otra disposición rechazada, por no alcanzar el quórum necesario, de 59 votos afirmativos, fue la que indicaba que la pensión básica solidaria de vejez e invalidez estaría afecta a la cotización del 7% para salud, a excepción de los beneficiarios carentes de recursos. Esta norma recibió una votación de 58 votos afirmativos y 49 negativos.

La iniciativa legal establece además que los organismos públicos que tendrán la principal responsabilidad del sistema de previsión social serán: el Ministerio del Trabajo; la Subsecretaría de Previsión Social; la Superintendencia de Pensiones; la Superintendencia de Seguridad Social; el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral.

El texto también dispone una bonificación, la que será entregada por el Estado, para las mujeres por cada hijo nacido vivo, que se depositará en su cuenta de capitalización individual para mejorar su pensión, este se otorgará a las mujeres que se encuentren afiliadas a una AFP, reciban una pensión básica solidaria de vejez o que perciban una pensión de sobrevivencia., cuyo montó alcanzará a un equivalente del 10% de 12 ingresos mínimos.

En relación con la figura de la Superintendencia de Pensiones, el proyecto fija las atribuciones al organismo que ejercerá todas aquellas funciones que actualmente corresponden a la Superintendencia de AFP, y crea el Instituto de Previsión Social, como un servicio público descentralizado que contará con una red de centros de atención previsional integral de cobertura nacional.
También se contemplan un conjunto de medidas para aumentar la cobertura previsional de los trabajadores independientes, estableciendo su acceso a los beneficios del sistema previsional en igualdad de derechos y obligaciones respecto a los trabajadores dependientes.

Asimismo, se autoriza a los bancos y a las compañías de seguros a tener compañías filiales que administren los Fondos de Pensiones; y se consigna como una falta grave al principio de probidad administrativa el incumplimiento de la obligación de los alcaldes de efectuar aportes previsionales.

Otra disposición establece que la remuneración mínima imponible para trabajadores de casa particular no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, para el caso de jornada completa o proporcional.
 

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