El Congreso aprueba en Chile la reforma 
al régimen de pensiones 

Por Mónica González, Clarin

Chile

El 17 de enero de 2008

El gobierno festejó, aunque no logró quebrar el monopolio privado del sistema.

Michelle Bachelet cumplió ayer su principal promesa de campaña al ser aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y quedar lista para ser promulgada como ley la reforma al sistema de pensiones. Uno de sus principales puntos es la creación de una pensión básica solidaria de 120 dólares para todos los mayores de 65 años que nunca han cotizado o que sus aportes no les alcanzan para recibir jubilación. La pensión mínima aumentará a 150 dólares en 2009.

La ley entrará en vigencia el 1 de julio y también incorpora una bonificación para la mujer por cada hijo nacido, equivalente al 10% de 18 salarios mínimos y un Aporte Previsional Solidario para las pensiones que no alcancen a los 400 dólares. Durante los primeros tres años la reforma más importante de Bachelet tendrá un costo de US$ 850 millones. La ley contempla una aplicación gradual que culmina el 2012, con el 60% de la población chilena recibiendo sus beneficios.

Aun cuando ayer hubo satisfacción en el oficialismo, en el Congreso no fueron pocos los parlamentarios de la Concertación que se marcharon masticando su frustración. Para no impedir que la ley entre en vigencia en julio con el pago inédito de una pensión mínima para los más pobres, debieron aceptar el rechazo al ingreso de los bancos al sistema, la puerta para la creación de una administradora de fondos previsionales estatal que rompería con el monopolio privado.

Ese fue el punto clave del enorme lobby empresarial que se desplegó desde que Bachelet anunció su proyecto estrella de protección social, al que las administradoras de pensiones (AFP) calificaron como la principal amenaza al sistema desde que fue creado por la dictadura, hace ya 27 años. Para entender la magnitud del negocio basta decir que en estos 27 años se han acumulado US$ 91 mil millones y que en 2006 las seis AFP gestionaron US$ 88 millones más que en 2005.

Para impedir que una parte del oficialismo dilatara la aprobación de la reforma, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, debió comprometerse ante el Congreso a que "una vez que se empiecen a pagar los beneficios, nosotros vamos a insistir por la vía de un proyecto de ley para la creación de una filial del Banco Estado (la AFP estatal)".

Lo que no pudo impedir el lobby empresarial fue la licitación de los nuevos afiliados, lo que las AFP llamaron "modificar el ADN del sistema". La medida debería reducir considerablemente los costos de administración que actualmente cobran las AFP.

Camilo Escalona, presidente del PS, afirmó: "Todas las personas de más de 65 años y que tengan pensión por bajo los US$ 500 o que no tengan ningún tipo de pensión y que estén dentro del 60% de menor ingreso van a tener un Aporte Solidario en nuestro sistema de pensiones. Es un hecho sin precedentes."

La regulación del nuevo sistema estará a cargo de una nueva superintendencia y un nuevo consejo técnico será el encargado de dictar la normativa que decidirá las reglas para las inversiones de los millonarios fondos previsionales. Otra normativa importante que debutará en julio será la nueva facultad otorgada a la Tesorería General de la República para retener de la devolución de impuestos los montos adeudados por los empleadores que no pagan las cotizaciones de sus trabajadores.

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