Fracaso la ley 100

EL TIEMPO 

Febrero 21 de 2011

Colombia

Según el Ministro de Hacienda, en 1994, en el sector privado había 3,2 millones de cotizantes.

Y la población económicamente activa era de casi 16 millones.

En el 2010, según el Sigob, el número de cotizantes era de 6 millones de personas, y la población económicamente activa de 21,7 millones.

¿Por qué será que a los ideólogos de la Ley 100, o a sus pupilos, aún en el poder, les cuesta tanto trabajo aceptar que la reforma pensional de 1993 fracasó? Siempre se ha reconocido que el problema más serio del régimen de pensiones de Colombia es su baja cobertura. Según el MinHacienda, en 1994, en el sector privado, había 3,2 millones de cotizantes -personas que aportaron el último mes- y la población económicamente activa era de casi 16 millones; la cobertura pensional era del 20,2%. Se requería una reforma estructural a un sistema que tenía síntomas claros de agotamiento por razones demográficas y financieras, pero, principalmente, por sus altos niveles de desprotección de la vejez.

En el 2010, según el Sigob, el número de cotizantes era de 6 millones de personas, y la población económicamente activa de 21,7 millones; la cobertura pensional hoy es del 27,5%, es decir, en 16 años se incrementó en 7,3 puntos porcentuales, 0,46, promedio, por periodo. (*1)

Más aún, el 26% de la población mayor de 60 años (Dane) tiene acceso actualmente a una pensión, más o menos la misma cifra que existía antes de dicha ley. Después de álgidos debates ignorados por el Gobierno Gaviria y por el ponente en el Congreso, Álvaro Uribe Vélez, los resultados son vergonzosos: hoy, como ayer, tres cuartas partes de la población que trabaja no va a tener pensión. ¿Es esto un éxito? Definitivamente NO.

Pero sí se comprueba lo que, con renuncias en mano, se pronosticó en el duro debate de la Ley 100: no se trataba de una verdadera y necesaria reforma al régimen pensional colombiano, sino que lo que se buscaba con el dinero de las pensiones, del ISS básicamente, era una reforma financiera que lograra impulsar el mercado de capitales colombiano. No fue casualidad que muchos de los que participaron en la elaboración de la ley consultaran a los dueños de este sector y terminaran, algunos de ellos, trabajando para estas instituciones. La verdad es que actualmente los fondos privados de pensiones tienen un ahorro de más de $98,8 billones, cifra equivalente a 20% del PIB colombiano; de estos recursos, el 35,2% corresponde a aportes efectivos ($34,8 billones) y el restante 64,8% a rendimientos obtenidos por los fondos.

Aumentó significativamente el ahorro financiero y esto se predijo claramente: "en cuanto al impacto sobre el mercado de capitales, el modelo propuesto trae consigo un aumento sustancial en el ahorro financiero privado (...)" (*2).

Pero surgen varias preguntas que se plantearon en su momento: ¿El aumento neto del ahorro sería positivo? En el libro se dijo lo siguiente: "que el alza de cotizaciones y la disminución de beneficios (que otorga el modelo propuesto) traen como resultado la detención del crecimiento de la deuda pensional y un posible impacto positivo en el ahorro, siendo esto cierto sólo con respecto al modelo vigente en el ISS; al considerar el ISS con el sector público, el resultado neto sobre el ahorro se torna negativo" (*3). ¿Cuánto le está costando al Gobierno el pago de pensiones que antes hacía total o parcialmente el ISS?

Según cálculos de Ricardo Bonilla, en 2010 el ISS recaudó $4 billones y los fondos privados $8 billones. El costo total de las pensiones ese año fue de $12 billones 40 mil millones. Si hubiese una caja común, el déficit de pensiones del sector privado sería de 40.000 millones, pero es de 8 billones, porque el dinero de los fondos no se usa para pagar pensiones. El retorno permanente de afiliados de los fondos al ISS -porque las pensiones son mejores- ha disminuido en algo el déficit. Sin embargo, lo que sí es evidente es que este negocio ha sido pésimo para los colombianos: nos toca pagar a todos, porque la plata del Gobierno sale de nuestros impuestos, pero además, este le presta ese dinero a los fondos y a otros tenedores de TES, y tiene que pagar intereses. Los fondos tratan de llegar al límite, 40% de las inversiones permitidas en estos papeles del Gobierno. ¿Cómo la ven? Pero ¿qué tanto se ha beneficiado la gente de este aumento del ahorro financiero? En el caso chileno, estos recursos financiaron gran parte de la revolución en infraestructura que ha realizado ese país, ¿y en Colombia? Sólo hasta ahora se empiezan a ver inversiones significativas de los fondos en áreas distintas a papeles del Gobierno y acciones. Y esto también se vaticinó en su momento: "surgen serias dudas e incertidumbre sobre la existencia de suficientes medios para inversión que garanticen (...) la necesaria seguridad, rentabilidad y liquidez"(*4). Hoy, el 35% de estos recursos están en TES, es decir, financiando el gasto del Gobierno. ¿Es este un regio negocio para el Estado y para el país?

Por todo lo anterior, y por lo que falta por analizar, es fundamental que se haya abierto la discusión, aunque de manera equivocada, sobre la situación de las pensiones en Colombia. Para empezar, es necesario traer a colación el documento titulado 'De trabajadores pobres a ancianos indigentes'(*5), donde se hacían las siguientes reflexiones de las cuales debe partir el debate -que no puede ni debe cerrarse, así al Vicepresidente le parezca inoportuno-. Ese es el problema de muchos líderes políticos, que sólo piensan en las siguientes elecciones y no en las próximas generaciones. Desafortunadamente, como lo decía Carlos Fuentes, "esa frase no es mía".

Con 46 millones de colombianos, cada día seremos más una sociedad de adultos, gracias a la transición demográfica que redujo el crecimiento de la población de 3,2 a 1,5% al año, un triunfo de las mujeres, y nuestra única revolución en los últimos 50 años. ¿Y qué les pasa entonces a esos adultos? Que la sociedad no les ofrece lo que necesitan, trabajo decente y flexiseguridad. Es decir, que existan oportunidades reales de trabajo decente y que cuando cambien de ocupación, de acuerdo a la demanda variable que se da en este mundo de hoy, no pierdan su seguridad social. Lo segundo es el análisis del mercado laboral; ¿será posible tener crecimiento con empleo y reducir significativamente la informalidad? Ese es el gran reto en cómo proteger a los trabajadores colombianos. Después de esto y de un repaso a nuestra fracasada historia de la seguridad social, hay que ir a las cuentas fiscales. Pero no al revés, como se ha hecho hasta ahora. Con tres cuartas partes de la población sin posibilidad de pensión, llegaremos a una situación inmanejable: de 'trabajadores pobres pasaremos a ancianos indigentes' que vivirán mucho más que sus antepasados, y la mayoría serán mujeres. ¡A pensar en la gente ya! No más sólo negocios con las pensiones, el punto de partida es fortalecer el pilar solidario, observen a Chile.

*1. Estas cifras excluyen al sector público; 2-López Cecilia, Juan Carlos Ramírez, Análisis de las Alternativas para una reforma pensio- nal en Colombia; 3-Ibid. P. 30; 4-Ibid. P.30; 5-López M, Cecilia, ' De Trabajadores Pobres a Ancianos indigentes'.
CECILIA LÓPEZ MONTAÑO / Ex ministra de Agricultura.