El presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, que aglutina a los ancianos, Porfirio García, dijo a los periodistas que "desmontaron" la manifestación porque recibieron una "respuesta positiva" del Gobierno de Daniel Ortega.

Esa respuesta, explicó por su parte el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, consiste en la creación de una comisión técnica que redactará una propuesta de ley para asegurar la pensión a los ancianos.

Esa comisión efectuará su primera reunión el próximo día martes, añadió.

Según García, en Nicaragua viven 25.000 jubilados que no lograron alcanzar el número mínimo de 750 semanas de cotizaciones que establece la ley, pero son mayores de 60 años y tienen al menos 250 semanas de cotizaciones, por lo que reclaman una pensión reducida, equivalente a unos 136 dólares mensuales.

El presidente de la comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Gustavo Porras, dijo a los periodistas que los ancianos deben dar "tiempo" al Gobierno Ortega para ver la "factibilidad económica" de las pensiones de vejez reducidas.

Según Porras, esas pensiones representan unos 12,8 millones de dólares "que hay que ver si los aguanta" el INSS.

"Vamos a procurar que esas respuestas" lleguen "lo más pronto posible", señaló, por su parte, el dirigente de los ancianos.

Cientos de ancianos amenazaban con declararse este miércoles en huelga de hambre frente al edificio del Parlamento nicaragüense si las autoridades no respondían sus demandas, pero al iniciar las pláticas oficiales con el Ejecutivo y Legislativo, los jubilados suspendieron la protesta.

El Gobierno de Ortega, sin embargo, también enfrenta reclamos de un grupo de exmilitares que demanda beneficios sociales y económicos e interrumpió desde la noche del martes el tránsito de vehículos en la localidad de San Benito, en la carretera Panamericana norte.

La prensa local informó de que en esa carretera de tránsito internacional cientos de personas se vieron forzadas a caminar para llegar a sus hogares, mientras que decenas de camiones, autobuses y vehículos particulares permanecían varados a ambos lados de la carretera y otros buscan vías alternativas para circular.

Los exmilitares han efectuado diversas protestas desde febrero pasado en demanda de una ley en su beneficio, lotes de terreno, acceso a medicinas, atención especializada y una pensión para los lisiados de guerra.

El Gobierno de Ortega no se ha referido a esa protesta.