Tranquilo por las buenas calificaciones, el Gobierno tenía interés por mostrar la libreta de notas.

Tanto, que a la tradicional ceremonia en que el ministro de Mideplan divulgaba los resultados de la última encuesta Casen sobre pobreza rural, se agregó un invitado: el ministro de Agricultura Jaime Campos.

Orgullosas, las autoridades anunciaron hace dos semanas a los medios de comunicación que la pobreza rural cayó en 3,7% con respecto a 2000. Esto significa que hoy un 20,1% de la población del campo es pobre, nada menos que la mitad de la que existía en 1990.

En términos concretos, las cifras de la Casen implican que en la actualidad 418 mil personas que viven en áreas rurales están bajo la línea oficial de pobreza, es decir, disponen de menos de los $29.473 individuales mensuales requeridos para comprar una canasta básica.

Eso sí, la Casen también reveló datos menos positivos para el ego gubernamental.

Según el estudio, si se excluye, los subsidios estatales recibidos, el ingreso mensual de los hogares rurales es de 293 mil pesos, casi la mitad de los urbanos, que reciben 564 mil pesos cada mes.

Lo que es más grave, el ingreso generado por los propios habitantes rurales creció sólo en 6,8% desde 1990, lo que palidece frente al aumento de 46% de los urbanos en igual período.

¿Cómo bajó, entonces, tanto la pobreza? La respuesta es por el creciente gasto del Estado en subsidios directos a la alimentación (a través de consultorios y escuelas), al consumo de agua y electricidad y pensiones asistenciales.

De hecho, según la Casen, un quinto de los ingresos del 20% de los hogares más pobres de las zonas rurales es responsabilidad de los subsidios estatales.

Sin embargo, la transferencia directa de fondos sólo amortigua un problema mayor: el bajo dinamismo productivo del campo.

La importancia de esto, según los expertos, radica en que el alza de las remuneraciones sólo se da si paralelamente avanza la capacidad productiva de las personas.

"Si vemos que el ingreso aumentó sólo 6,8% en trece años, se generan dudas legítimas respecto a la efectividad de las políticas de fomento productivo que ha seguido el Indap y Fosis para mejorar los ingresos económicos de los pobres", señala Rosita Camhi, investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo.

Esta crítica apunta al corazón de las actuales políticas estatales para enfrentar la pobreza rural.

Vale tener en cuenta que sólo para 2005 el presupuesto del Indap llegará a 100 mil millones de pesos. Es decir, el equivalente a 239 mil pesos al año por cada pobre que vive en el campo.

Para la investigadora de Libertad y Desarrollo, esa situación abre la posibilidad de repensar la estrategia estatal para apuntar a subsidios directos en vez de la opción productiva.

Un segundo llamado de atención respecto de la política sobre pobreza rural, se refiere a la necesidad de ajustarlas creativamente para dar cuenta de una población crecientemente más vieja y con baja cobertura de pensiones.

Según la encuesta, sólo un 45,5% de los habitantes rurales cotiza en algún sistema previsional, lo que generará un bolsón duro de pobreza.

"La solución pasa porque el Estado comience a pensar en algún tipo de pensión para los campesinos", señala Claus Köbrich, profesor de la U. de Chile y asesor en De-sarrollo Rural de la Cepal.

Köbrich estima que la jubilación campesina permitiría que se traspase más rápidamente la tierra a los hijos, originando un salto en la producción, y en los ingresos, pues "no es lo mismo la capacidad que tiene un hombre de 65 años, que debe seguir trabajando su campo para subsistir, que uno de 30, con mayor fuerza física".

De paso, una medida de este tipo ayudaría también a disminuir la migración de población joven campesina hacia las ciudades.

Alex Barril, especialista en Desarrollo Rural Sostenible del IICA, en tanto, apunta a un tercer punto de la actual política rural: la división de los esfuerzos estatales.

"Hoy existen entre 100 a 150 instrumentos para enfrentar la pobreza rural, afincados en una amplia variedad de instituciones, lo que termina por generar una gran dispersión de los esfuerzos", afirma Barril.

El investigador del IICA señala que se debe apuntar justamente a lo contrario, a que las decisiones de políticas sobre pobreza rural estén centralizadas para que estén coordinadas y no haya duplicidad de funciones.

"Lo ideal, eso sí, es que la ejecución de los programas se hiciera lo más cercana a los beneficiarios, a través de un sistema de 'ventanilla única' a nivel municipal", concluye Barril.