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Estiman que hay 500 geriátricos ilegales Cerrados
De: Evangelina Himitian
La Nacion, March 29, 2001
De haber vivido allí, la persona más feliz hubiera
muerto de tristeza.
En el centro de un viejo galpón de chapa se levantan precarias casillas
de madera que hacen las veces de habitaciones. En su interior, sobre
colchones, en camas o en el piso, vive -sobrevive- una docena de ancianos.
El olor a orina domina el ambiente.
En el corazón del galpón, como si fuera un mueble más, hay un gran
canasto repleto de zapatos viejos -algunos arqueados por el tiempo y la
humedad-, como un indicio del inexorable destino de sus habitantes, una señal
indicadora del próximo paso que darán. Los zapatos que nadie usa se
acumulan junto a la basura. Pertenecieron a los que ya no están.
El episodio transcurre en Buenos Aires, en un geriátrico situado en
Camarones 2551, uno de los 14 que el gobierno porteño lleva clausurados
desde el 31 de enero último.
Insalubridad
No todos los establecimientos eran clandestinos: muchos estaban
habilitados y aun así mantenían a los ancianos en pésimas condiciones
de salubridad e higiene, según informó Horacio Spandonari, titular de la
Dirección General de Habilitaciones e Inspecciones (DGHI).
El problema de los geriátricos es antiguo y volvió a tener estado público
luego de la gran tormenta del 24 de enero último, cuando cinco ancianas
murieron al inundarse el sótano de la residencia donde dormían, en Superí
2262, de Belgrano.
El gobierno porteño aseguró que el lugar estaba habilitado, pero no para
que instalaran dormitorios en el subsuelo. El juez de instrucción Juan
Cicciaro investiga la responsabilidad de las muertes.
En la ciudad funcionan 869 geriátricos privados habilitados y, según se
estima, otros 500 clandestinos. Para la Dirección de la Tercera Edad
porteña, el 67% está en buenas condiciones, el 20% es regular, el 9% muy
bueno y el 4%, malo.
Aun así, en las últimas inspecciones que realizó la DGHI se hallaron
habitaciones en galpones, en garajes, en subsuelos, donde las pertenencias
de los mayores se mezclaban con la basura.
En muchos casos se constató que los ancianos estaban desnutridos, con
escaras infectadas y algunos postrados sin recibir atención médica
diaria.
En otros, las cocinas resultaban ambientes propicios para el hábitat de
cucarachas y roedores. Dentro de las heladeras había alimentos que
evidenciaban un alto grado de descomposición, listos para ser servidos
como almuerzo o cena.
En 1997, un incendio en un geriátrico, en el que murieron varias
personas, evidenció la falta de regulación y control sobre el
funcionamiento de los hogares privados.
Se decidió entonces la creación de la Unidad de Contralor de Geriátricos
Privados, que integran la Dirección General de Habilitaciones e
Inspecciones; la Dirección de Tercera Edad dependiente de la Secretaría
de Promoción Social; las secretarías de Salud y de Medio Ambiente.
Pero, aunque la creación del organismo concentró las funciones de
control en un solo ente, no lo facultó de poder de policía. Esto
significa que cuando los inspectores de cada secretaría concurren, sólo
pueden ingresar cuando el propietario lo permite. Esto nunca sucede cuando
el geriátrico es clandestino o con irregularidades.
Los que sí pueden recurrir a la fuerza pública e ingresar, a pesar de la
negativa del dueño, son los inspectores de la DGHI, pero su labor se
limita a constatar el estado de las condiciones del inmueble.
Esto, porque según la legislación vigente desde 1979, para ser
habilitado, un geriátrico sólo debe garantizar ciertas condiciones
edilicias, tal como se exige a un local comercial (Ver aparte).
Qué hacer con los ancianos
Según consideró el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio
Semino, el vacío legal es sólo una cara del problema: "Una vez que
se clausura un geriátrico hay que mandar a los ancianos a algún lugar.
Entonces, la falta de camas del gobierno porteño para poder absorber la
demanda hace que sea muy difícil luchar contra los hogares clandestinos".
En Buenos Aires hay 17.502 ancianos registrados que viven en geriátricos
habilitados. El 77% son mujeres y el 23%, hombres.
Sólo el 31% es autosuficiente, mientras que el 45% es semidependiente y
el 24% totalmente dependiente. El gobierno local tiene sólo cuatro
hogares públicos, con capacidad para 1632 mayores, es decir, para alojar
a menos del 10 por ciento.
La actividad de los geriátricos privados se expandió en los años 70, y
el sector se considera PAMIdependiente. Esto es, que la mayoría de las
internaciones estaban financiadas por la obra social de los jubilados.
Hoy, según aseguró Marcela Casserata, gerente de Prestaciones Sociales,
el PAMI tiene 4200 camas en la Capital por las que paga 590 pesos por
internación y 649 cuando ésta incluye atención psiquiátrica.
El resto de las plazas en geriátricos corresponde a particulares. En
promedio, una residencia habilitada y con asistencia médica va de los 700
a los 900 pesos, cifra que muy pocos están en condiciones de pagar.
Los geriátricos clandestinos cobran el 40% que los habilitados. Las
ofertas salen en los diarios. "Residencia geriátrica, 250 pesos. Visítenos",
invita un geriátrico desde un cartel ubicado en el poste de luz en
cualquier esquina de la ciudad.
Las dos caras
Según aseguran en la DGHI, muchas de las residencias clandestinas tienen
dos caras: la primera incluye una fachada vistosa y tres o cuatro
habitaciones acondicionadas que son las que se muestran a los que acuden a
conocer las instalaciones. La otra, la verdadera, permanece oculta y sólo
la conocen los ancianos.
"Funcionan como verdaderos morideros, como depósitos humanos. Allí
los mayores están en condiciones de hacinamiento y abandonados a su
propia suerte", dice Semino.
En ocasiones, ante la imposibilidad de pagar un geriátrico habilitado,
los familiares del anciano se convierten en cómplices de los dueños del
establecimiento: ante los inspectores, juran que los titulares son
parientes que se hacen cargo del mayor.
Según la ley, un hogar puede alojar hasta seis mayores sin requerir
habilitación como geriátrico. Ese es uno de los argumentos que esgrimen
los titulares. Algunos, como el hogar clausurado en Moreno 3387, poseen
una cámara oculta en la entrada para observar la llegada de los
inspectores e impedirles el acceso.
Cuando los inspectores logran entrar, recurriendo a la fuerza pública,
los dueños del establecimiento tuvieron tiempo suficiente para cambiar
"la escena" y esconder a algunos de los mayores que allí viven
en condiciones irregulares.
Según Daniel Magliocco, director de Tercera Edad, uno de los mecanismos
que fallan para que se produzcan episodios como el ocurrido en el geriátrico
de la calle Superí es el control familiar. "Si los parientes lo
visitaran más seguido y se preocuparan por saber cómo se encuentra, dónde
duerme y cómo lo atienden, nunca se llegaría al extremo del abandono",
dice el funcionario.
Evangelina Himitian Cerrados
Los geriátricos privados clausurados por la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, desde el 31 de
enero último son los siguientes:
Superí 2251
Moreno 3387
Pedro Lozano 4820
Avenida San Juan 3886
Avenida Córdoba 1454
JuanRamírez de Velazco 1161
Elías Bedoya 51
Barragán 264
Ave. de los Constituyentes 5387
Lope de Vega 1847
Camarones 2551
Pinto 4425/45
Oliden 201/231
Lope de Vega 2113
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