La campaña electoral de la Presidenta Bachelet planteó como una prioridad central una reforma al sistema de pensiones. Cuando asumió el poder, convocó a un consejo de expertos que, tras poco más de tres meses de trabajo, presentó un informe con 70 recomendaciones. Este documento ha apoyado la labor del comité interministerial que está elaborando los proyectos de ley que la Presidenta enviará al Congreso para dar concreción a su prioridad de campaña. Este comité es presidido por el ministro del Trabajo e integrado por las ministras de la Presidencia y Sernam, el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos.

Una de las razones de esta prioridad es la baja densidad de cotizaciones que registra un número significativo de afiliados al sistema previsional. Dado que éste es de capitalización individual, eso se traduciría en una baja acumulación de fondos y, por tanto, en una baja pensión en el futuro, eventualmente muy inferior a los salarios promedios de los últimos años de actividad laboral. Por cierto, el sistema actual tiene garantías tales como la pensión mínima, pero -se argumenta- ello requiere 20 años de cotizaciones, que muchos afiliados no logran acumular.

Las mujeres se ven especialmente afectadas por esta realidad: ellas tienen, comprobadamente, menor densidad de cotizaciones que los hombres y, además, se contempla que jubilen cinco años antes. A eso se agrega que tienen una mayor expectativa de vida. Por tanto, en promedio, cotizan menos veces que los hombres, pero sus fondos deben durarles más tiempo que a ellos. El resultado es que, en promedio, obtendrán menores pensiones que éstos. Eso no significa que queden en una situación desmedrada en la vejez, pues viven en pareja o cuentan con el apoyo de los hijos. De hecho, las tasas de pobreza de las mujeres de más de 60 años son inferiores a las que se observan en otros grupos demográficos.

Con todo, el sistema de pensiones debería buscar mecanismos mediante los cuales fortalecer las de las mujeres. El consejo asesor propuso elevar gradualmente la edad de jubilación de la mujer y equipararla con la de los hombres, lo que ha ocurrido ya en los más diversos países. Esta propuesta fue rechazada en su oportunidad por la Presidenta, pero la ministra de Sernam ha anunciado que la propuesta gubernamental contendrá incentivos para que las mujeres prolonguen su permanencia en la fuerza de trabajo. En este punto, se ha sugerido un incremento del bono de reconocimiento, si las mujeres jubilan después de los 60 años. Éste parece ser un incentivo en la dirección correcta, aunque efectivo sólo para las mujeres que cotizaron inicialmente en el antiguo sistema de reparto. Las que comenzaron a cotizar después de 1981, en su gran mayoría ven hoy todavía lejos la edad de jubilación, pero desde ya deberían sugerirse fórmulas que las inviten a retirarse más tarde de la fuerza de trabajo.

La propuesta gubernamental contemplaría, además, un bono por maternidad, equivalente a un año de cotizaciones de un salario mínimo por cada niño nacido vivo. Esta medida, sugerida por el consejo asesor, es una justa compensación a la tarea reproductiva que realiza la mujer, y más razonable que adelantar la edad de retiro respecto de los hombres. El Gobierno también permitiría la cotización de terceros en la cuenta de AFP o APV de las mujeres, mediante aportes que podrían rebajarse de la renta imponible. Ésta es una buena idea, que debería generalizarse para todas las cuentas. Si bien el beneficio tributario se aplicaría a una proporción baja de la fuerza de trabajo, el perfeccionamiento del pilar solidario que se ha anunciado sería una compensación adecuada para las personas que no pagan impuesto a la renta.